Coronavirus en Argentina: sanciones por no cumplir el aislamiento obligatorio

Alberto Fernández sacó un DNU que obliga a cierto grupo de personas a permanecer en cuarentena. Aquellos que no cumplan estarán cometiendo un delito.

Handout picture released on March 13, 2020, by Argentina's presidency of Argentina's President Alberto Fernandez while recording the first national TV broadcast to announce measures to prevent the new coronavirus, COVID-19, at Casa Rosada in Buenos Aires, on March 12. (Photo by ESTEBAN COLLAZO / ARGENTINE PRESIDENCY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ARGENTINA'S PRESIDENCY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Ante el aumento de casos de contagio de coronavirus, el presidente argentino, Alberto Fernández, estableció un Decreto de Necesidad y Urgencia con medidas para personas que cumplan con determinadas características como aquellos contagiados con el COVID-19, aquellos "casos sospechosos" o los que, por ejemplo, hayan vuelto de viaje de "zonas afectadas".

Todas aquellas personas que cumplan con una o más de una de estas características deberán respetar la cuarentena obligatoria. Aquellos que no lo hagan estarán cometiendo un delito, tal y como prometió el propio presidente de la Nación: "Vamos a ocuparnos de perseguir penalmente a quienes no cumplan la cuarentena".

¿Cuáles son las penas por no cumplir con el aislamiento obligatorio?

"Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia", detalla el artículo 205. Por su parte, el artículo 239 dice que tendrá una pena de prisión "de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones".

Respecto a esto, se pide en el DNU que "en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en el presente artículo, los funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal".